Quiénes somos
La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) reúne a profesionales de la traducción e interpretación que actúan en todo el territorio español ante los órganos judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las comunidades autónomas, a traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores o por las comunidades autónomas con competencias en la materia y a docentes o investigadores del ámbito de la traducción e interpretación jurídica o jurada.
APTIJ nació en 2007 de la necesidad de agrupar al colectivo de traductores e intérpretes del ámbito judicial, a iniciativa de un grupo de traductores-intérpretes de plantilla de la Administración de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia. Posteriormente se amplió de forma sucesiva a los traductores-intérpretes jurados, a los traductores e intérpretes que actúan en sede policial y a los docentes e investigadores de estos ámbitos.
APTIJ es miembro fundador de EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association), la asociación internacional sin ánimo de lucro que agrupa a traductores e intérpretes jurídicos europeos, en cuya junta directiva lleva presente desde los inicios, ocupando cargos de relevancia como la tesorería o la vicepresidencia.
Asimismo, está integrada en la Red Vértice la red de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección con presencia en España.
La Junta Directiva de APTIJ ejerce las funciones de gestión y representación de la asociación, la cual consta de tres secciones: sección de judiciales, sección de policiales y sección de jurados. Los cargos constitutivos de la Junta son una Presidencia, tres vicepresidencias y vocalías (una por sección), una secretaría y una tesorería.
El órgano principal de gobierno de APTIJ es la asamblea general, que se reúne anualmente, y está integrada por todos los socios.
Nuestro compromiso
En primer lugar, creemos que es necesario un código de conducta aplicable a los traductores e intérpretes profesionales en su actuación ante los órganos responsables de la tramitación de unas diligencias policiales o de un procedimiento judicial, así como en cualquier otra actuación profesional.
En segundo lugar, proponemos la creación de un Registro de traductores e intérpretes independientes y cualificados, como así lo establece la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
Asimismo, rechazamos cualquier abuso por parte de empresas intermediarias que no garantizan la cualificación de sus trabajadores, ni en muchos casos la confidencialidad de los expedientes, por no hablar de la tarifa irrisoria que pagan a sus traductores e intérpretes.
