El nuevo Convenio Único sigue sin reconocer la responsabilidad del trabajo de los traductores

15/03/2019
El pasado 4 de marzo de 2019 se firmó por parte de representantes del Ministerio de Función Pública y de los trabajadores el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. Como es sabido, la plantilla de traductores e intérpretes de los ministerios de Justicia e Interior está sujeta a dicho convenio, ocupando plazas de personal laboral pertenecientes al grupo 3 y para quienes se requiere una titulación de base de bachillerato.

El pasado 4 de marzo de 2019 se firmó por parte de representantes del Ministerio de Función Pública y de los trabajadores el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. Como es sabido, la plantilla de traductores e intérpretes de los ministerios de Justicia e Interior está sujeta a dicho convenio, ocupando plazas de personal laboral pertenecientes al grupo 3 y para quienes se requiere una titulación de base de bachillerato.

El texto inicial de dicho convenio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de diciembre de 1998, y en él se establecían distintas categorías de traductor e intérprete (con denominaciones tan dispares como «oficial primera traductor», «traductor-intérprete» o «traductor») en función de los ministerios a los que estuvieran adscritas las plazas y con una variación de grupos profesionales que oscilaba desde el 1 (titulación requerida: licenciado) hasta el 5 (titulación requerida: graduado en ESO, EGB o equivalente). Desde entonces, han seguido aprobándose sucesivas versiones del mismo convenio, unificándose la actividad de la traducción e interpretación en el grupo 3 para los ámbitos de Justicia e Interior sin subsanarse el error tan abismal que supone considerar que un traductor o intérprete únicamente necesita estudios de bachillerato (equivalente a un nivel A2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) para llevar a cabo sus funciones en órganos judiciales y policiales.

APTIJ nació de un grupo formado por representantes de esa plantilla. Nació con el claro objetivo de profesionalizar la figura del traductor e intérprete y de concienciar sobre la importancia que tiene contar con una formación suficiente para prestar un servicio de calidad. Desde entonces, no ha parado de promover iniciativas para conseguir su fin. Se ha adentrado en la esfera judicial para lograr la concienciación de todos los agentes que participan de ella (jueces, fiscales, abogados), organizando cursos, manteniendo reuniones, distribuyendo notas de prensa, etc.; todo ello en aras de conseguir un cambio en la legislación y un reconocimiento de la profesión en el actual sistema de prestación del servicio por parte del Ministerio de Justicia. Hemos denunciado la privatización del servicio, que no cuenta con los controles necesarios; hemos intervenido, cuando así lo hemos creído necesario, ante los organismos responsables y encargados de redactar los pliegos de licitación y de resolver los procesos; hemos intentado asesorar a los sindicatos que representan a la plantilla de traductores e intérpretes de los ministerios de Justicia e Interior para que se consiguiese hacer algo de justicia, paradójicamente, con nuestra profesión, tan maltratada durante años por la Administración. Incluso hemos llegado a poner una queja ante el Defensor del Pueblo (queja que aún no está resuelta) por las deficiencias que consideramos que siguen presentes en la prestación del servicio. Porque existe una directiva europea sobre calidad de traducción e interpretación en procesos penales de obligado cumplimiento que habla de traductores e intérpretes profesionales. Y porque el mandato del legislador español sobre la creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes sigue olvidándose por los distintos equipos de gobierno que se han ido sucediendo en el cargo.
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