Carta abierta a nuestros colegas

07/08/2018
Estimados compañeros traductores e intérpretes:

Con fecha 19 de julio de 2018 eldiario.es se hizo eco de la siguiente noticia denunciando la falta de recursos para poder abonar los servicios prestados en materia de traducción e interpretación: https://www.eldiario.es/economia/presupuesto-traduccion-Direccion-General-Policia_0_794421194.html.

Entre otros aspectos, las empresas adjudicatarias reprochan los criterios técnicos que, según su opinión, resultan demasiado excesivos.
En ese sentido, desde la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) deseamos manifestar lo siguiente:
  • APTIJ se creó hace más de diez años para luchar por la dignificación de los profesionales de la traducción y de la interpretación que prestan servicio en los ámbitos judicial y policial.
  • Nuestra misión ha sido y sigue siendo conseguir unas condiciones de trabajo dignas para todos aquellos colegas que trabajan en este ámbito, bien sea a través de las empresas adjudicatarias, bien a través de las plantillas de los ministerios de Justicia e Interior o de las correspondientes Comunidades Autónomas donde están transferidas las competencias en materia de Justicia.
  • Para ello se ha perseverado en impulsar un marco regulatorio en el que la Administración exija una serie de requisitos y condiciones de formación mínimas para garantizar la profesionalidad de los intérpretes y traductores.
  • Dicho marco y requisitos de calidad, que exige la normativa europea, son innegociables habida cuenta de la función social que los intérpretes y traductores judiciales y policiales desempeñan. De aquí que desde APTIJ se haya censurado en todo momento que la ausencia de una regulación adecuada haya dado lugar a una situación en la que todos los actores se hayan aprovechado de dicho contexto para prestar un servicio que consideramos deficiente y que, en lo que a los traductores e intérpretes se refiere, además es económicamente precario.
  • APTIJ ha rechazado desde sus inicios el sistema de externalización de los servicios de traducción e interpretación judicial y policial y que dicho servicio se preste por empresas privadas en las que prima el ánimo de lucro. Este hecho lo consideramos especialmente grave ya que se trata de un servicio público que incide en los derechos fundamentales de los ciudadanos que necesitan asistencia lingüística.
  • Es público y notorio que algunas empresas adjudicatarias no han cumplido lo que establecen los pliegos de contrataciones y que ha existido una falta de control por parte de las Administraciones Públicas. Un hecho que en algunos ámbitos parece incluso aceptado tácitamente cuando debería ser causa de rescisión del contrato. Desde APTIJ hemos denunciado reiteradamente dicha situación y nos complace que, finalmente, haya sido reconocido públicamente por parte de un Ministerio. No obstante, ello no es, ni mucho menos, motivo de satisfacción sino la triste constatación de la veracidad de lo dicho por parte de APTIJ, que ha llevado dicha cuestión incluso ante el Defensor del Pueblo.
  • El impago al que hace referencia el citado artículo es de especial gravedad tanto por acción como por omisión de la Administración Pública, la cual consiente que se den todas las condiciones necesarias para que las empresas hagan un mal uso de los recursos existentes y por no controlar que se cumplan los requisitos de calidad que exige la normativa. De aquí que la actual situación sea consecuencia directa de la pésima gestión administrativa.
  • Desde APTIJ deseamos que la situación cambie, que el sistema se modifique y que el servicio se preste por profesionales autónomos que cobren su trabajo íntegramente desde la Administración, sin la participación de intermediarios. Aspiramos a que se establezca un «modelo canario» tal y como se hizo constar en el «Libro Blanco de la traducción y la interpretación Institucional» en el apartado «VII. Un modelo de gestión ajustado a los principios de la Directiva 2010 /64/UE». No queremos que se vulnere ni un derecho más, porque en última instancia son muchas las partes perjudicadas por el mal funcionamiento del servicio.
  • Elogiamos la valentía de quien reconoce que los pliegos no se cumplen dado que es, efectivamente, el primer paso para lograr que la situación mejore y que evolucione a un sistema en el que no prime el negocio del intermediario sino el derecho constitucional de la parte que requiere de la asistencia de un intérprete o de un traductor.
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