Aclaración sobre la situación actual de los intérpretes y traductores judiciales y policiales

20/07/2018
A raíz de las publicaciones recientes aparecidas en los medios de comunicación estos últimos días, un nutrido grupo de intérpretes que prestan servicio en la Dirección General de la Policía, Oficina de Asilo y Refugio, Instituciones Penitenciarias, Servicios Centrales y parte de los servicios provinciales de la Administración de Justicia, todos contratos adjudicados a la empresa Ofilingua S.L, quiere, mediante el presente aclarar y ampliar estas informaciones y ofrecer una versión acorde con la realidad.

En primer lugar, la empresa adjudicataria de estos servicios es la empresa Ofilingua S.L. Para cubrir los servicios, esta empresa cuenta tanto con trabajadores contratados por cuenta ajena y como autónomos para los servicios puntuales. En el caso de los trabajadores autónomos, la empresa adjudicataria establece un acuerdo de colaboración en el que se fija un periodo de pago no superior a 90 días, cuando la ley establece el plazo máximo en 60 días.


Desde hace algún tiempo, la empresa ha ido retrasando los pagos de los colaboradores autónomos de forma progresiva hasta tal punto que este año 2018, no se han cobrado las facturas que se emitieron desde el mes de febrero. Además, a partir de mayo de 2018 la empresa también ha interrumpido los pagos a algunos de los traductores e intérpretes que trabajan por cuenta ajena.  A este respecto, cabe destacar que los colaboradores han seguido y siguen cumpliendo con los servicios que se les asignan y, en el caso de los colaboradores autónomos, haciendo frente a sus obligaciones tributarias y cotizaciones sociales, tal y como establece la ley. 

Hasta la fecha, este colectivo no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la empresa, siendo los propios colaboradores quienes han tratado numerosas veces de ponerse en contacto con la misma para solicitar información sobre la situación de impagos a la que se enfrentan. La respuesta recibida de la empresa es, en la mayoría de los casos, poco respetuosa y siempre con evasivas, alegando que los pagos están retenidos hasta nueva orden y que ellos, por su parte, no están recibiendo los pagos por parte del Ministerio del Interior. No es posible hablar directamente con los responsables.

En el caso de este contrato, al que se hace mención expresa en uno de los artículos publicados, se da la circunstancia de que el contrato público de la empresa Ofilingua S.L con la Dirección General de la Policía expiró en el mes de noviembre de 2017. Se abrió un nuevo concurso público en el que se recibieron ofertas de las empresas Ofilingua S.L y Seprotec Multilingual Solutions. El resultado de dicha licitación, publicado en el BOE, es que la adjudicación QUEDÓ DESIERTA, porque ninguna de las ofertas cumplía con los requisitos del pliego de condiciones. Según establece la ley, la empresa que actualmente cubre los servicios, en el caso que nos ocupa, Ofilingua S. L, debe seguir prestando los mismos y recibirá la liquidación del contrato en vigor cuando se designe un nuevo adjudicatario.

Sin embargo, los servicios que se prestan en la Administración de Justica: CGPJ, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, y administraciones de justicia provinciales, se inscriben en otros procedimientos de contratación pública que nada tienen que ver con DGP o la Oficina de Asilo y Refugio. Tenemos constancia de que la empresa sí recibe los pagos pertinentes por estos servicios, sin embargo, los intérpretes que prestan servicio en estas sedes, no reciben su remuneración correspondiente.

Otro de los argumentos recurrentes facilitado por la empresa cuando se reclaman los importes adeudados, es que la empresa carece de liquidez para afrontar los pagos, por todo lo expuesto en párrafos anteriores. No obstante, se ha publicado estos días que esta empresa ha resultado adjudicataria de varios lotes de la licitación de los Servicios provinciales de la Administración de Justicia.

Esta situación de impago, junto con las bajas tarifas de sobra conocidas y denunciadas, son solo algunos de los factores que merman la calidad de los servicios que deben prestarse. Se ha puesto muchas veces de manifiesto la falta de interés de la empresa por la calidad del trabajo realizado, ya que parece que esta se centra únicamente en cumplir los requisitos formales de la licitación, con dudoso resultado como se ha demostrado recientemente. Su interés queda limitado a cubrir el servicio y no facilita ningún tipo de apoyo al intérprete en su relación con la sede en la que se presta servicio.

Mediante el presente queremos, una vez más, mostrar nuestra indignación por la progresiva degradación de las condiciones de trabajo y llamar la atención de las administraciones sobre la situación de precariedad en la que nos encontramos los traductores e intérpretes judiciales y policiales, e instamos a que se adopten las medidas oportunas con el fin de mejorar la situación del colectivo y asegurar un servicio de calidad.

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