El Defensor del Pueblo admite a trámite una queja sobre el servicio de traducción e interpretación en juzgados y comisarías

05/09/2016
La queja fue presentada el pasado 22 de julio por la APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados) con un amplio respaldo del sector profesional y académico: 14 asociaciones de traductores e intérpretes, 25 universidades españolas que imparten estudios de traducción e interpretación y dos federaciones de traductores e intérpretes (una nacional y otra internacional)

Según ha informado hoy mismo la Oficina del Defensor del Pueblo, la queja que se presentó ante el mal funcionamiento de los servicios de traducción e interpretación judicial y policial ha sido admitida a trámite, lo que significa que dicha institución ha estimado que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales y, por tanto, es necesaria una investigación.

 

Actualmente, estos servicios están, en su mayor parte, externalizados. La ausencia de control por parte de la Administración, unida a la precariedad laboral de los traductores e intérpretes que prestan servicio a estas empresas, ha provocado que muchos de ellos no cuenten con la cualificación necesaria para desempeñar sus funciones e incluso ha permitido que personas con antecedentes penales ejerzan estas labores.

 

Esta falta de cualificación pone en serio riesgo el acceso a la justicia por parte de las víctimas y atenta contra los derechos de defensa y de traducción e interpretación de los encausados, vulnerando así el derecho a un juicio justo.

 

Dadas las graves consecuencias que estos hechos pueden tener sobre la seguridad nacional, así como sobre los derechos fundamentales de las personas, es necesario que los ministerios encargados de prestar este servicio tomen las medidas oportunas para impedir que estas situaciones sigan produciéndose.

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