La intérprete pasaba información confidencial a los delincuentes

29/04/2016
Ayer los medios de comunicación informaban sobre la desarticulación de una organización criminal que cometía robos con fuerza en toda Cataluña. En el marco de dicha operación «Krujë», los Mossos d’Esquadra detuvieron a once personas, entre las que se encontraba una intérprete de albanés que trabajaba para la policía catalana. La intérprete informaba a los miembros de la banda de los movimientos e investigaciones policiales evitando así que fuesen detenidos.

(Vea la noticia aquí)
 

Desde la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ) hemos de señalar que se trata de unos hechos repetitivos y no aislados. Desde la implantación del sistema de subcontratación de los servicios de traducción e interpretación en el ámbito judicial y policial observamos con gran consternación la falta de requisitos adecuados y garantías para contratar a profesionales que reúnan las condiciones necesarias para trabajar en el ámbito policial.

 

La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ) considera que noticias como la presente son el resultado de dos factores fundamentales: el desinterés de la Administración y el aprovechamiento de las actuales circunstancias por parte de empresas subcontratadas. Por una parte, la Administración deja en manos de adjudicatarias servicios esenciales para la seguridad del Estado, sin exhaustivos filtros previos ni control posterior. Por otra parte, las empresas adjudicatarias se aprovechan de las lagunas del sistema para sortear los pliegos de condiciones y contratan poco personal cualificado porque muchos profesionales de la traducción e interpretación rechazan las condiciones de trabajo propuestas.

 

Entendemos que un ámbito tan sensible y crucial como el policial no se puede delegar en empresas externas permitiendo el acceso de terceros que no reúnan las debidas garantías de seguridad.

 

La presente noticia sirve para recordar que ayer se cumplió el plazo de un año para que el Gobierno de España presentara en las Cortes un proyecto de ley de creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes Judiciales, según exige la Ley Orgánica 5/2015 y sin que se haya cumplido con dicho mandamiento del legislador. A la vista de la última noticia queda patente la necesidad de crear dicho registro e implantar en España estándares europeos a la altura de un Estado moderno.

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