La APTIJ se suma a la celebración del Día Internacional de los Servicios Públicos

23/06/2015

  

En el día de hoy, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) desea destacar la importancia de la profesión celebrando el Día Internacional de los Servicios Públicos. Es fundamental que en nuestro país se mantegan y mejoren los servicios públicos, entre los que se encuentra el acceso a la justicia. Queremos que sea un servicio público profesional y de calidad, que ofrezca garantías a las personas que están inmersas en un procedimiento policial o judicial en una lengua que no es la suya, que desconocen o no dominan. Queremos que los profesionales de la traducción y la interpretación al servicio de las Administraciones Públicas sean reconocidos como piezas clave de esta comunicación multilingüe. Queremos que los traductores e intérpretes externos que igualmente ejercen esta profesión en los ámbitos policial y judicial tengan condiciones de trabajo dignas en comisarías y juzgados.

 

A nuestro juicio, la Ley 5/2015(1) que transpone la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales no ofrece esas garantías necesarias de calidad y profesionalidad. Además, podría servir para sancionar el actual sistema de provisión del servicio a través de licitaciones adjudicadas a empresas privadas que ofrecen condiciones temerarias a los trabajadores, lo que podría redundar en un menoscabo del derecho de defensa de los acusados.

 

Por ello, pedimos al Ministerio de Justicia y a los responsables políticos que creen y regulen, mediante ley, el Registro Oficial de Traductores e Intérpretes Judiciales que salvaguarde el derecho de defensa de los acusados, dé acceso a dicho registro a traductores e intérpretes profesionales cualificados a través de unas pruebas objetivas y remunere su trabajo conforme a la responsabilidad que implica la comunicación en estos ámbitos.

 

 

(1)Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

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