El PP hurta el debate parlamentario en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para transponer la Directiva 2010/64/UE

20/11/2014
En la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso celebrada el 18 de noviembre, el PP rechazó sin debate alguno todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición al Proyecto de Ley Orgánica para la transposición de la Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales.

Fuente: http://www.redvertice.org/p/comunicados.html

 

Madrid, 19/11/2014

 
Desde nuestras asociaciones, integrantes de la Red Vértice, y la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación de España (CCDUTI), deseamos una vez más denunciar el desprecio del Gobierno por los derechos fundamentales de los ciudadanos que esta Directiva defiende. La única explicación que encontramos a esta postura del PP es la falta de argumentos sólidos del propio Ministerio de Justicia para rebatir el contenido del grueso de las enmiendas presentadas.
 
Por primera vez en la historia de nuestro país, si se adoptara este Proyecto de Ley Orgánica tal cual está redactado, se crearía un registro de intérpretes y traductores sin prueba de acceso alguna, es decir, sin garantía de calidad profesional, dejando en manos de las empresas intermediarias adjudicatarias del servicio el cumplimiento de los requisitos fijados. Esta es una de las ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados nuestro Ministerio de Justicia, que se niega a asumir la responsabilidad que le corresponde de velar por los derechos de los justiciables y se limita a sancionar a otros por su vulneración cuando el daño producido es ya irreparable. Es bien sabido que la Administración no dispone de recursos humanos ni materiales ni de procedimientos eficaces para la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos, por lo que resulta indispensable una prueba objetiva de acceso a modo de garantía previa de calidad profesional, y no un sistema de sanciones a posteriori, cuando ya han sido lesionados los derechos que la Directiva persigue salvaguardar.
 
El Proyecto de Ley Orgánica insta al Gobierno a presentar una Ley del Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales en el plazo de un año. Si tenemos en cuenta que este plazo acabará cuando la legislatura actual haya finalizado, creemos que este proyecto de ley no tiene cabida tal como está redactado. Si el Ministerio de Justicia pretende promulgar la Ley del nuevo Registro unos meses antes de que acabe la legislatura en contra de todo el sector profesional y académico de la traducción y la interpretación del país, y de todos los grupos parlamentarios de la oposición, es decir, si decide no consensuarla con nadie a tan solo unos meses de las elecciones, debemos pedirle que retire el Proyecto de Ley Orgánica inmediatamente puesto que carece de toda legitimidad moral para tramitarlo. Tanto el sector  profesional como el académico llevan años intentando asesorar al Ministerio de Justicia para una correcta transposición de la Directiva, y este ha hecho oídos sordos a nuestra principal reivindicación: la prueba de acceso, sin la cual el espíritu y la letra de la Directiva quedan desvirtuados por completo.
 
Si el Ministerio de Justicia desea que esta Ley Orgánica y la futura Ley del Registro salgan adelante, deberá llegar a un consenso social, en caso contrario lo mejor que puede hacer es retirarla y posponer la decisión para que sea consensuada.
 
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